Los fiscales del condado de Chelan dijeron que ya no compartirán información sobre los procesos judiciales que involucran a inmigrantes con las autoridades federales de inmigración, tras un incidente ocurrido frente a la Corte del condado a principios de mes.
Ryan Valaas, fiscal jefe adjunto en materia penal, explicó que su oficina confirmó a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la fecha de sentencia de Douglas Gramajo-Gómez. Agentes de ICE detuvieron a Gramajo-Gómez después de su audiencia, al salir del edificio judicial.
La Ley “Keep Washington Working”, del estado de Washington, prohíbe a las autoridades y a los tribunales compartir datos sobre el estatus migratorio de una persona, así como realizar arrestos dentro o a menos de una milla de un recinto judicial sin una orden.
“Absolutamente no proporcionamos ni compartimos información sobre el estatus migratorio con ICE”, afirmó Valaas.
“En adelante, nuestra oficina dejará de facilitar estos datos y ICE tendrá que obtener esta información, que es pública, por otros medios”, añadió.
El incidente también llevó a las autoridades del condado a revisar los procedimientos adecuados para la actuación de autoridades no locales, en y alrededor de los tribunales.
El suceso se produjo en medio de reportes que indican que, en todo el país, ICE estaría enfocando sus operaciones en los casos de inmigrantes no autorizados durante sus audiencias judiciales. Esto incluye a aquellas personas que asisten a sus propias diligencias migratorias, según Axios.
Bajo la administración Biden, los agentes no podían realizar acciones de control dentro o cerca de los tribunales, pero la administración Trump está permitiendo que ICE enfoque sus operaciones en los juzgados.
El 4 de junio, Gramajo-Gómez compareció ante el Tribunal Superior para su sentencia, después de declararse culpable de violación en tercer grado. Fue condenado a 12 meses de cárcel, pero la pena quedó suspendida y se le impuso un régimen bajo la Alternativa de Sentencia Especial para Delincuentes Sexuales, además de tres años de libertad condicional. Entre los requisitos figura someterse a terapia para delincuentes sexuales durante cinco años; de no completarla, cumpliría la condena en prisión.
Durante la audiencia, Nicole Hankins, la abogada de Gramajo-Gómez, comentó al tribunal que había visto a un fiscal hablar con un agente federal y planteó que el Departamento de Seguridad Nacional estaba infringiendo la ley estatal.
“Le pregunté directamente: ‘¿Está usted con el DHS?’ Respondió que era de Seguridad Nacional y que tenía interés en una persona que hoy está en la corte”, relató Hankins.
Según registros públicos, la Corte ordenó una sesión privada para abordar aspectos relacionados con la ley estatal. La jueza Kristin Ferrera expresó su preocupación en una grabación de audio, porque alguien había compartido detalles del caso con funcionarios federales de inmigración, lo cual violaría la ley estatal y las reglas de la Corte. Agentes de ICE se encontraban en el vestíbulo, y la jueza solicitó que ingresaran al salón para recordarles la ley y el requisito de registrarse con la seguridad del condado. Para entonces, los agentes ya habían abandonado el edificio.
Las normas de la Corte del condado de Chelan exigen que las autoridades no locales, incluidos los agentes federales, se registren con la seguridad del tribunal antes de intentar un arresto, aportando nombre, agencia y el acto de ejecución previsto. Tras el registro, seguridad notifica al juez la presencia de agentes federales. Para arrestar dentro de la sala, ICE necesitaría presentar una orden judicial, lo que no ocurrió en el caso de Gramajo-Gómez, indicó la jueza Ferrera.
En lugar de eso, ICE esperó a que Gramajo-Gómez fuera sentenciado y escoltado fuera del edificio para detenerlo.
Rachel Pashowski, de Wenatchee for Immigrant Justice, calificó de “alarmante” que agentes federales “de alguna forma estén comunicándose con el tribunal, o presentes en la sala, mientras la gente intenta acceder a los procesos judiciales”.
Los calendarios de la Corte, incluidas las audiencias de sentencia, suelen estar disponibles en los registros públicos en línea o contactando a la oficina del secretario del condado de Chelan.
Valaas aseguró que Micaela Meadows, la fiscal adjunta encargada del caso, solo confirmó a DHS información pública: la fecha programada de la audiencia.
El 11 de junio, funcionarios del condado, entre ellos la jueza Ferrera, el sheriff Mike Morrison y el fiscal Robert Sealby, se reunieron para revisar los protocolos de arresto.
“Es una violación del estatuto y de las reglas de la Corte, y si alguien provee información a inmigración federal”, dijo Ferrera durante la audiencia.
La jueza añadió que “la presencia o la intención de arrestar a personas que asisten o acceden a servicios judiciales en las instalaciones, salvo que lo requiera la ley federal o una orden judicial, también está prohibida”.
Morrison propuso colocar señalización para indicar a los miembros de las autoridades que ingresan como visitantes, dónde registrarse al entrar a la corte. Según el nuevo protocolo, seguridad privada contratada por el tribunal trabajará junto a los alguaciles y llevará un registro de firmas.
Aunque la seguridad del tribunal corresponde a la oficina del sheriff, y no a los fiscales, Sealby indicó que se entiende que las autoridades, especialmente las federales, deben registrarse al entrar. Aun así, si optan por no hacerlo, las opciones de cumplimiento son limitadas porque el edificio es público.
“Podemos pedirles que se registren o firmen; si no lo hacen, poco más podemos hacer”, afirmó Sealby.
Ferrera señaló que los jueces tienen autoridad dentro de la sala, pero no pueden controlar lo que sucede fuera de ella.
“Podemos reportar la infracción, y la Oficina Administrativa de los Tribunales puede escalarlo al Fiscal General”, explicó.
Tanto Ferrera como Morrison subrayaron la importancia de la cooperación y la comunicación interinstitucional.
“Cada agencia tiene sus propias responsabilidades, pero queremos ser buenos socios”, aseguró Morrison.
Ferrera añadió que “tengo entendido que, de ahora en adelante, seguridad registrará estos incidentes y se notificará al tribunal. Esa es la ley, y todos queremos cumplirla”.
La versión original de esta historia fue publicada, en inglés, el 27 de junio de 2025.
Reneé Díaz puede ser contactada al email [email protected]. Este es un reportaje colaborativo realizado por The Wenatchee World, NWPB y la Beca Murrow College of Communication.
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