Un juez federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington escuchó argumentos en un caso de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés). El caso está relacionado con el programa de educación temprana Head Start.
“Estamos instando al tribunal a que determine que los ataques de Trump al programa son ilegales de acuerdo con la Constitución y la Ley de Head Start, y que deben ser bloqueados ahora”, dijo Ming-Qi Chu, subdirectora del Proyecto de Derechos de las Mujeres de la ACLU, en una publicación en redes sociales.
Los demandantes en el caso, que fue instaurado en abril, incluyen organizaciones de Head Start de Washington, Oregón, California, Illinois, Wisconsin y Pensilvania.
La Asociación de Head Start y ECEAP del Estado de Washington (WSA, por sus siglas en inglés), es una de ellas. ECEAP es el Programa de Educación y Asistencia para la Primera Infancia, que prepara a niños de 3 y 4 años, de familias de bajos ingresos, para el jardín de niños.
“Durante los últimos seis meses, la administración Trump ha intentado desmantelar el programa Head Start, y ha habido un ataque directo contra niños y familias de muy bajos ingresos”, afirmó Joel Ryan, director ejecutivo de WSA.
¿De qué trata la demanda?
La demanda impugna políticas relacionadas con DEI, citando una carta del HHS emitida a principios de este año. La carta establece que los beneficiarios de subvenciones del HHS no pueden usar fondos federales para capacitación, asistencia o programas que apoyen iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
La demanda también cita un requisito enmarcado en la Declaración de Política de Subvenciones publicada por el HHS en abril. El requisito decía que quienes aceptaran subvenciones del HHS debían certificar que no operarían programas que promuevan o fomenten DEI o DEIA (diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad).
El HHS actualizó esa declaración a finales de julio eliminando las referencias a DEI y DEIA.
Los demandantes también están impugnando los recortes en la fuerza laboral federal y el cierre de oficinas regionales, entre otras acciones implementadas por la administración Trump.
“Están quitándole el soporte al programa al despedir personal, reducir personal, cerrar oficinas, al punto de que el programa mismo, Head Start, apenas pueda funcionar, si es que puede funcionar adecuadamente”, indicó Brent Lowe, abogado de la ACLU.
Lowe explicó que la ACLU enmendó la demanda el mes pasado para incluir un nuevo cambio de política del HHS, con la cual incluyó a Head Start en la lista de beneficios públicos federales.
El cambio de política del HHS tiene como objetivo asegurar que la inscripción en Head Start esté reservada para ciudadanos estadounidenses.
“Durante demasiado tiempo, el gobierno ha desviado los dólares de impuestos de los estadounidenses trabajadores para incentivar la inmigración ilegal”, señaló el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., en un comunicado de prensa sobre el cambio de política.
“La acción de hoy cambia eso: restaura la integridad de los programas sociales federales, hace cumplir el estado de derecho y protege recursos vitales para el pueblo estadounidense”, añadió Kennedy Jr.
Sin embargo, el HHS dijo en su sitio web que ese departamento había acordado suspender la aplicación y el cumplimiento de esa nueva directriz hasta septiembre.
“El impacto es de gran alcance, porque muchas de las familias de las que hablamos son particularmente familias inmigrantes”, aseguró Ryan, de WSA.
Aun así, no está claro cómo los proveedores de esos programas de educación implementarían ese cambio, dijo Jorge Castillo, director ejecutivo de Inspire Development Centers en Sunnyside. Inspire es un proveedor regional del programa Head Start.
En abril, Inspire tuvo que cerrar algunos de sus programas de Early Head Start y Head Start debido a retrasos en la entrega de recursos federales. Los programas reabrieron semanas después cuando recibieron los saldos de financiamiento.
Ryan mencionó que las familias que residen en áreas rurales, especialmente aquellas con niños con discapacidades, podrían verse afectadas.
“Se asocian con los distritos escolares para asegurarse de que se realicen evaluaciones, pero también apoyos individuales, [como] trabajar con niños con problemas de lenguage, trabajar incluso con niños con problemas de salud mental”, comentó.
Ryan explicó que Head Start tiene entre sus requisitos la inscripción de cierto número de niños que son elegibles para servicios bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades.
Los argumentos de la defensa
Los demandados en el caso federal —que incluyen al secretario del HHS Robert F. Kennedy, Jr., al propio HHS y a la Administración para Niños y Familias, entre otros— argumentan que los demandantes basan su caso en suposiciones.
“Los demandantes hipotetizan sobre daños que podrían sufrir si sus miembros cumplen o no con la Carta DEI o la Certificación DEIA, o si el HHS no puede proporcionar un servicio o función particular debido a sus ARRPs (Planes de Reducción de Personal y Reorganización de la Agencia)”, indican los documentos judiciales.
“Los demandantes se basan en predicciones de lo que ‘podría’ o es ‘probable’ que ocurra con sus programas, pero no citan pruebas de que estos supuestos daños se materializarán”, se añade en los documentos.
Los demandados también expresaron que no hay base para asumir que programas legalmente obligatorios, como Head Start, serán interrumpidos o que se negarán subvenciones.
Según el sitio web de Head Start, en 2023, más de 10.000 niños estaban inscritos en los programas Head Start y Early Head Start en el estado de Washington, y el estado recibió casi $190 millones para la operación de ambos programas.
Ryan manifestó que el número de niños actualmente inscritos es de 15.000.
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