La voz del activista agrícola Alfredo “Lelo” Juárez Zeferino está ausente estos días en el estado de Washington.
Durante años, Juárez Zeferino fue defensor de los derechos de los trabajadores agrícolas, hablando en nombre de ellos en inglés, español y mixteco, una lengua indígena del sur de México. Ahora, continúa su lucha desde Guerrero, México.
El 14 de julio, solicitó la salida voluntaria de Estados Unidos tras haber estado detenido casi cuatro meses en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma.
“Las injusticias que estaban ocurriendo con los demás detenidos fueron parte de la razón por la que tomé la decisión de solicitar la salida voluntaria”, dijo Juárez Zeferino en una entrevista desde México.
Juárez Zeferino fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 25 de marzo en el condado de Skagit mientras llevaba a su pareja a trabajar en los campos de tulipanes. Pensó que estaban buscando a otra persona. El agente le pidió su nombre y su licencia. Él dio su nombre y comenzó a buscar su licencia.
“Le pedí repetidamente que me explicara por qué me había detenido o que me mostrara una orden judicial. Todo pasó tan rápido que cuando saqué mi licencia de conducir de la cartera… me di cuenta de que tenía algo en la mano que presionó contra mi ventana. Y de inmediato, la ventana se hizo pedazos. Y mi pareja comenzó a llorar”, aseguró.
Luego salió del vehículo y fue esposado antes de ser llevado a una instalación del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en Ferndale, Washington.
“También detuvieron a otras dos personas en Skagit. Una de ellas era un trabajador de la construcción que me parecía muy familiar, y le pregunté: ‘Oye, ¿quiénes son tus familiares?’ Me dio los nombres de sus tíos, a quienes reconozco de los campos. A veces, sin saberlo, íbamos a recoger arándanos con sus tíos, y él también me reconoció por mi trabajo de organización en la comunidad”.
Juárez Zeferino fue trasladado posteriormente al Centro de Procesamiento en Tacoma. Allí permaneció mientras su abogado luchaba por obtener su liberación. Fue detenido por no cumplir con las órdenes de ICE durante una parada de tráfico y por una orden de deportación de 2018, según indicó.
Sin embargo, él afirmó que estaba cumpliendo con las órdenes de ICE durante la detención.
Familias afectadas
Juárez Zeferino es una de las cientos de personas afectadas por las medidas migratorias bajo la administración de Trump.
La abogada Laura Contreras, del Proyecto para los Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP, por sus siglas en inglés) en Granger, Washington, manifestó que es difícil dar una respuesta breve cuando la gente le pregunta cómo han cambiado las cosas este año.
“Es diferente, es más descarado, más cruel y perverso, en mi opinión, es muy injusto… y las cosas suceden muy rápido, todos los días”, expresó.
Actualmente, las personas que ingresaron al país sin permiso en los últimos dos años pueden ser detenidas y deportadas de inmediato sin la oportunidad de ver a un juez. Anteriormente, la deportación expedita se aplicaba a personas que habían estado en el país por 14 días y solo en el área de la frontera, explicó Contreras.
El número de personas detenidas por ICE en Tacoma aumentó de 718 a mediados de enero a 1.180 al 15 de septiembre, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, en inglés).
Hasta hace poco, los detenidos no podían pagar una fianza como lo hacían antes, agregó Contreras.
“Muchas de las personas detenidas de nuestras comunidades no tienen antecedentes penales. Han vivido aquí, algunos de ellos, por casi décadas”, mencionó Contreras.
“Han criado a sus hijos en nuestros distritos escolares. Son miembros de nuestras iglesias y de nuestros sistemas escolares, y están detenidos indefinidamente sin la posibilidad de salir bajo fianza y regresar con sus familias; por lo tanto, se rinden”, añadió.
La regla de la fianza cambió el 1 de octubre después de que la jueza federal Tiffany Cartwright dictaminara que la práctica del tribunal de Tacoma de negar audiencias de fianza a los detenidos viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El fallo se aplica únicamente al Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma.
Juárez Zeferino no encontró forma de ser liberado del centro de detención después de un par de audiencias con jueces de inmigración, ni vio que sus compañeros detenidos, que llevaban semanas o meses retenidos, tuvieran alguna opción de salir.
Juárez Zeferino aceptó la salida voluntaria en julio. Este mecanismo permite que las personas que enfrentan una deportación salgan de EE.UU. en un plazo determinado para evitar una orden de deportación. La salida voluntaria ofrece más opciones para regresar a EE.UU., mientras que una orden de deportación puede impedir el regreso por hasta 10 años, según el Departamento de Justicia de EE.UU.
Dos días después, Juárez Zeferino fue puesto en un avión con unos 200 detenidos rumbo a California y luego en otro avión hacia Arizona, antes de ser trasladado a Nogales, una ciudad en Sonora, México.
Por su cuenta, llegó a Guerrero, México, donde actualmente vive con su pareja y el resto de su familia.
“Mi familia entera estaba en Estados Unidos, incluidos mis padres y hermanos, pero vimos el aumento de redadas por todas partes y no queríamos que mis hermanos pasaran por el trauma de la separación familiar. Así que decidimos que mis padres debían salir de Estados Unidos y regresar a México. Y eso fue lo que hicieron”, comentó Juárez Zeferino.
En el Valle de Yakima, Jamie Ortiz también enfrenta la separación familiar. Su esposo, José, fue detenido el 8 de septiembre por agentes del Departamento de Seguridad Nacional mientras se dirigía a trabajar en un huerto. Ella dijo que tenía un permiso de trabajo y un caso migratorio pendiente.
“Me llamó a las 5:55 a.m. y me dijo que una camioneta blanca lo estaba deteniendo. Le dije que se detuviera y salí. Tan pronto como se detuvo, cuatro vehículos lo rodearon con varios agentes. Abrieron la puerta y lo sacaron a la fuerza del vehículo, golpeando su cabeza contra el concreto, y luego empujaron la parte trasera de su cuello contra el concreto con sus rodillas. No tenían una orden de arresto”, dijo Jamie Ortiz en una publicación en su cuenta de Facebook.
Ella autorizó a NWPB para compartir la historia de su familia.
José Ortiz ha estado en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma por más de tres semanas y no ha tenido la oportunidad de presentarse ante un juez de inmigración. Enfrenta la deportación porque cruzó la frontera sin autorización, dijo Jamie Ortiz.
“Hemos llegado a aceptar que este país ya no defiende la justicia, que el debido proceso y el Sueño Americano, por el cual tantos vienen aquí, están muertos”, dijo Jamie Ortiz en una de sus publicaciones en Facebook, al darse cuenta de que no hay nada que ella ni su abogado puedan hacer para evitar que su esposo salga de Estados Unidos.
“Mira mi cara, hinchada, llorando por tres semanas. En unos días voy a perder a mi esposo”, dijo en un video en redes sociales. Planea viajar a México para reunirse con él y luego decidir qué harán con su familia.
Más deportaciones, más temor en la comunidad
Según el Proyecto de Datos sobre Deportaciones, 215 personas de Washington fueron arrestadas por ICE en julio, en comparación con 85 en julio de 2024.
La Red de Respuesta para Inmigrantes de Yakima (YIRN, por sus siglas en inglés) es una de las organizaciones comunitarias que buscan ayudar a los inmigrantes en el estado. Ayuda a capacitar voluntarios para monitorear redadas, acompañar a personas a audiencias judiciales y distribuir materiales de “conozca sus derechos”, en el Valle de Yakima.
El voluntario David Morales dijo que el grupo ha observado cómo ha evolucionado la aplicación de leyes migratorias este año en el centro de Washington. Espera que las cosas sigan cambiando. Aunque no ha habido redadas en lugares de trabajo en esta parte del estado, se ha registrado un aumento en las aplicaciones individuales, señaló.
“Veremos una evolución. Diferentes grupos de personas están siendo objetivo: a veces solicitantes de asilo, a veces venezolanos y a veces mexicanos”, aseguró Morales.
El Departamento de Seguridad Nacional y ICE continúan trabajando durante el cierre del gobierno federal, y DHS dijo esta semana que continuará con las deportaciones “para poner la seguridad del pueblo estadounidense PRIMERO”.
La ley One Big, Beautiful Bill Act del presidente Trump agrega $170 mil millones en cuatro años para la seguridad fronteriza y la aplicación de leyes migratorias. La ley “está impulsando los esfuerzos de contratación y acelerando los arrestos y deportaciones”, apuntó el Departamento el 23 de septiembre.
Efectos más amplios
El impacto de las detenciones y deportaciones en Washington no solo se refleja en cifras, sino en la vida diaria de las personas afectadas por las medidas migratorias.
“Personas que son jefes de familia, que trabajan en la construcción, en la cosecha, algunas de esas personas simplemente no regresan a casa y muchas familias están sufriendo en este momento y están siendo afectadas por todas estas injusticias”, aseguró Contreras.
Alex Galarza, coordinador de alcance comunitario de la Unidad de Trabajadores Agrícolas del Proyecto de Justicia del Noroeste (NJP, por sus siglas en inglés), indicó que a principios de este año, las familias no estaban enviando a sus hijos a la escuela; no asistían a citas médicas, y no accedían a muchos servicios. Las llamadas telefónicas a la Unidad de Trabajadores Agrícolas disminuyeron, y sus eventos informativos sobre derechos laborales tuvieron que realizarse de forma virtual.
“Porque para ellos no es prioridad; la prioridad es mantener a la familia a salvo, informarse, educarse sobre sus derechos”, explicó Galarza.
Galarza también ha observado que las viviendas destinadas a trabajadores agrícolas temporales ya no están ocupadas por familias, como ocurría hace algunos años.
“Antes vivían familias enteras con niños… Este año cuando fuimos, ya no estaban; y en las conversaciones que tuvimos con algunos trabajadores nos dijeron: ‘Bueno, la familia se quedó allá porque queremos estar más seguros’”, aseguró.
“Desde mi perspectiva, es por las políticas antiinmigrantes que están ocurriendo, las leyes que están cambiando, porque se escuchan redadas aquí o allá”, añadió Galarza.
La Casa Hogar en Yakima está ofreciendo talleres para ayudar a las familias a prepararse para la separación o para otros tipos de emergencias. Los planes designan a un cuidador temporal en caso de que los padres no puedan cuidar a sus hijos, si son detenidos o deportados.
El taller se basa en un plan de seguridad familiar desarrollado por el Legal Counsel for Youth and Children, e incluye asistencia para llenar los formularios y la notarización gratuita de los mismos.
“El mayor temor que vive nuestra comunidad en este momento es el proceso migratorio: el miedo a que las familias sean detenidas o separadas por distintas causas, pero la principal es el estatus migratorio, el miedo a las separaciones y deportaciones”, mencionó Consuelo Rodríguez, asistente de Ciudadanía y Participación Cívica de La Casa Hogar, quien lidera el taller.
El obispo Joseph Tyson de la Diócesis de Yakima se ha pronunciado sobre la separación familiar a medida que aumentan las detenciones y deportaciones. La Diócesis de Yakima abarca 39 parroquias en siete condados del este de Washington, con la mayoría de los feligreses asistiendo a misa en español.
La integridad de la familia es importante en el catolicismo, aseguró.
Tyson ha pedido a las autoridades federales que liberen a José López, quien fue detenido en South First Street en Yakima cuando salía de Home Depot para recoger suministros para el negocio de construcción de su familia el 11 de septiembre. Las ventanas de su camioneta fueron destrozadas.
Tyson ha instado a sus feligreses a llevar a alguien con ellos a las citas con ICE y a tener un plan en caso de separación familiar.
“Nuestra propia doctrina social católica enfatiza el derecho de las personas a migrar para apoyar a sus familias. Migrar no es un comportamiento criminal”, dijo en una homilía tras el arresto de López.
Lo que podría venir
Un nuevo fallo podría cambiar drásticamente el curso de las detenciones y deportaciones masivas. El 10 de septiembre, la Corte Suprema de EE.UU. anuló la decisión de un tribunal inferior que prohibía a las autoridades migratorias detener personas sin sospecha razonable y únicamente por su trabajo, idioma, raza o etnia. El fallo, aunque enfocado en California, podría ser utilizado por agentes migratorios en otros estados, afirmó Contreras.
“No solo afectará a la comunidad inmigrante, sino que nos afectará a todos los que tenemos piel morena y trabajos de bajos ingresos. Nos afectará a todos porque, por el color de nuestra piel, pueden detenernos, interrogarnos y arrestarnos”, dijo.
Contreras afirma que es importante que la comunidad se detenga y reconozca que “estamos en un momento muy oscuro y que hay muchas injusticias, y en este momento es realmente importante encontrar la luz de la esperanza para superarlo y buscar los recursos que existen en tu comunidad para apoyarte”.
Organizaciones como YIRN han redoblado sus esfuerzos para responder, dentro de sus capacidades, a las crecientes necesidades de las personas afectadas por detenciones y deportaciones.
“Cuando le dices a alguien: ‘Te veo, veo lo que te está pasando, estoy aquí porque no creo que esté bien, pero estoy aquí para apoyarte, incluso si estás detrás de una cerca, encadenado, esposado y con grilletes, abordando un avión, siendo deportado, pero aun así te veo’. Y eso es realmente importante. Ese tipo de reconocimiento básico de nuestra humanidad compartida y compasión por los demás. Es vital” , dijo Danielle Surkatty, voluntaria de YIRN.
Questen Inghram del Yakima Herald-Republic y Renee Diaz de NWPB contribuyeron a este reportaje.
Esta es la tercera parte de “Cosecha en una encrucijada: Cómo los cambios migratorios están afectando la agricultura y las comunidades del Noroeste”, una colaboración entre Northwest Public Broadcasting, El Sol de Yakima y el Yakima Herald-Republic. Este proyecto está financiado por el Instituto Poynter.
Lea la primera parte: Políticas migratorias y necesidades laborales: Aumenta dependencia de trabajadores H-2A en el Pacífico Noroeste
Lea la segunda parte: Desplazados de los campos: Trabajadores agrícolas locales y el costo de los cambios migratorios en el Pacífico Noroeste
